Siete grandes plataformas de venta por internet han sido penalizadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por inflar los precios antes de aplicar supuestos descuentos que en realidad no existen. Aplicar este tipo de técnicas, habituales entre estos ecommerce, pero que son ilegales, afecta gravemente a la competencia y confunden a los consumidores.
La sanción ha llegado tras comprobarse que hasta un 70% de las rebajas anunciadas por estos operadores online eran falsas, según una investigación de la Dirección General de Consumo, que no ha desvelado el nombre de las plataformas infractoras: simplemente ha informado del número y el tipo de prácticas sancionadas.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran el aumento artificial de precios antes de aplicar el supuesto descuento, el uso de cupones y códigos que en realidad no rebajaban nada, la urgencia artificial creada con ofertas limitadas y la falta de transparencia al no mostrar claramente el precio original frente al rebajado.
El pequeño comercio considera estas sanciones necesarias para la transparencia comercial
De ahí que la Confederación Española de Comercio (CEC) haya valorado de forma positiva esta acción, que consideran un paso necesario hacia una mayor transparencia comercial. “Este tipo de estrategias no solo suponen un engaño directo al consumidor, sino que distorsionan gravemente la competencia”, señaló esta organización, que representa a más de 450.000 comercios de proximidad en toda España.
Aunque la sanción se refiere a prácticas ocurridas durante la campaña del Black Friday, en la CEC advierten de que el problema no se limita a esa fecha concreta, sino que se repite en numerosas campañas promocionales a lo largo del año. “El consumidor está expuesto a un bombardeo constante de descuentos, lo que le impide tener una referencia clara del valor real de los productos”, afirmaron en la patronal del comercio de proximidad.
La confusión de precios perjudica tanto al cliente como al comercio de proximidad, que no puede seguir el ritmo de los grandes operadores digitales. Mientras algunos gigantes aprovechan su posición dominante para lanzar campañas agresivas, los pequeños comercios intentan mantener márgenes sostenibles y ofrecer una atención personalizada, pero se ven arrastrados a una espiral promocional que muchas veces no pueden asumir.
La CEC cuestiona la liberalización de las rebajas que se llevó a cabo en 2012
En la confederación apuntaron que esta sanción debería servir de llamada de atención para reforzar los mecanismos de vigilancia; en especial en los canales digitales y en momentos de alta concentración de consumo. “Reclamamos que se mantenga y refuerce esta vigilancia sobre las grandes plataformas y campañas comerciales, porque es imprescindible para garantizar condiciones de competencia equilibradas y justas”, insisten.
La liberalización de las rebajas en 2012 está también en el punto de mira. Para la CEC, permitir campañas de descuentos en cualquier momento del año ha contribuido a esta situación de caos y pérdida de referencias. “Nos hemos alejado del verdadero sentido de las rebajas: dar salida al stock acumulado con precios competitivos y sostenibles”, explicaron.
Por eso, en la patronal insisten en la necesidad de volver a periodos regulados que ofrezcan más seguridad tanto al consumidor como al comerciante.
Este debate, aseguran, no es solamente económico, sino también social. El modelo de comercio que se quiere proteger va más allá de la transacción mercantil. Los pequeños comercios generan empleo local, dinamizan barrios y pueblos, contribuyen a la cohesión social y promueven un consumo más consciente. “Defendemos un comercio sostenible, cercano, honesto y humano”, destacan desde la confederación.
La necesidad de establecer controles sistemáticos y comprobar la veracidad de los descuentos
Aunque la sanción a estas plataformas no se ha hecho pública en cuanto a su cuantía ni a las empresas afectadas, su impacto mediático ya está generando reflexión entre consumidores y comerciantes. Para la CEC, es también una oportunidad para reclamar un entorno más justo, en el que no todo se base en quién puede bajar más el precio, sino en quién puede ofrecer más valor sin caer en trampas.
La CEC concluyó que los responsables de consumo y comercio de las administraciones públicas tienen ahora la responsabilidad de actuar con firmeza. Según los comerciantes, no basta con sancionar un caso puntual: es necesario establecer controles sistemáticos, herramientas para comprobar la veracidad de los descuentos y una regulación clara que acabe con las malas prácticas.
En última instancia, la clave está en devolver al consumidor la confianza perdida. Solo así podrá tomar decisiones informadas, valorar el esfuerzo del comercio de proximidad y escapar del espejismo de las “rebajas eternas” que muchas veces no son más que humo digital.
